Los diálogos o negociaciones de paz entre el gobierno del
presidente Juan Manuel Santos y las FARC, también
conocidos como proceso de paz en Colombia, son las
conversaciones que se están llevando a cabo entre el Gobierno de Colombia (en representación del Estado) y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Estos diálogos tuvieron lugar en Oslo, Noruega y en la actualidad se
desarrollan en La Habana, Cuba, su objetivo según el gobierno es la terminación
del conflicto y según las FARC el «buscar la paz con justicia social por medio
del diálogo», según palabras de Iván
Márquez, uno de
los miembros del equipo negociador de las FARC. El proceso fue suspendido tras el secuestro
de un general del ejército, luego de
su liberación, se reanudaron los diálogos el 10 de diciembre del mismo año.
Las negociaciones se fundamentan en un "Acuerdo
General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable
y duradera", e iniciaron formalmente el 18 de octubre de 2012. Se
fraccionan en cuatro fases, la primera que fue la etapa de acercamientos
secretos —conversaciones exploratorias durante seis meses—, La segunda que es la concreción de los
acuerdos, la tercera que es la refrendación y la cuarta que será la
implementación de éstos. Los
puntos de la segunda fase constan en discutir la política de desarrollo agrario integral, la participación en política que tendrían miembros de las FARC ante una
eventual dejación de armas, el fin
del conflicto —por lo menos en lo que concierne a la incidencia de esta
guerrilla—, la actual política
de drogas, y por último la reparación a las víctimas, tanto de las FARC como
del Estado.Puntos en discusión
En el
"Acuerdo General" mencionado, se definieron los siguientes puntos de
negociación:
1. Política de desarrollo agrario integral
Las FARC
han enfocado su propuesta agraria en la creación de lo que estas llaman Territorios
Campesinos, que serían territorios de propiedad de la colectividad y
manejados por los personajes que la comunidad eligiese para tal fin. Estarían
conformados por las actuales Zonas de Reserva Campesina que estarían
conformados por 8 millones de hectáreas y por lo que las FARC denominan Zonas
de producción campesina de alimentos con 6 millones de hectáreas.
No se ha
especificado si se les facilitaran los trámites a los ex-integrantes de las
FARC para constituir estos territorios o si accederán a territorios campesinos
ya constituidos.
Según las
FARC, una vez se firmen los acuerdos: "Los territorios campesinos gozarán de
autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural, y
en la administración de justicia a través de los mecanismos de la justicia
comunitaria. La autonomía se comprende en términos de la capacidad de
autogobierno, autogestión y autodeterminación…los territorios campesinos
contarán con recursos de origen constitucional, con destinación específica para
ellos…de una destinación específica creada de un porcentaje del impuesto al
latifundio improductivo, ocioso o inadecuadamente explotado"
Todo esto
requerirá a su vez una reforma que permita que estos territorios campesinos se
puedan constituir en lo que antes eran zonas de reserva forestal, de baldíos y
de latifundios improductivos.
2. Participación Política
Las FARC,
han pactado unas zonas afectadas por el conflicto y el abandono donde el Gobierno Nacional
se compromete a crear en estas zonas un total de X Circunscripciones
Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total de X Representantes
a la Cámara de Representantes, de manera temporal y por X períodos
electorales."
A su vez
se ha señalado un aumento del presupuesto de los partidos políticos y una
especial atención a los partidos que surjan de los diálogos de paz como el partido
de las FARC, tanto para su acceso en medios como para la difusión de sus
programas.
Las
FARC-EP, junto al Gobierno Nacional participarán en las medidas de protección
de los candidatos políticos tanto los opositores al proceso de paz como de sus
sostenedores, se ha señalado que se implementará el voto electrónico y se
expedirán cédulas por todo el país, para aumentar el caudal electoral.
Las FARC
y sus líderes no tendrían ningún impedimento para participar en política y no
tendrían que pagar ninguna pena carcelería.
3. Fin del Conflicto
La dejación de las armas por parte de las FARC (hecho que, aseguran, debiera estar acompañado de una reestructuración de las fuerzas militares) para su reintegro o ingreso a la vida civil por efectos del marco legal para la paz, proyecto que define la suspensión de proceso judiciales a subversivos. No obstante, la discusión de este punto podría verse dificultada por causa del Estatuto de Roma (suscrito por Colombia) que prohíbe que condenados por delitos de lesa humanidad tengan vida jurídica.
4. Solución al problema de las drogas ilícitas
El cultivo, la producción y tráfico de drogas ilícitas, ha influido en
el conflicto armado y la financiación de guerrillas y paramilitares desde hace
tres décadas.
Las FARC,
plantearon priorizar la erradicación manual como principal método de
erradicación de drogas en concertación con los cultivadores y productores de
drogas ilícitas, se acordó que los cultivos de las plantas que correspondan a
usos ancestrales no se pueden erradicar.
Las FARC
junto al gobierno nacional, han sostenido que se considere al drogadicto como a
un enfermo.
5. Determinar quiénes son víctimas del conflicto armado
Uno de
los puntos a discutir es determinar quiénes son víctimas del conflicto armado
(según reiterados comunicados de las FARC, ellos también son víctimas y el
Estado ha sido un victimario).
Las
FARC-EP, han señalado que el reconocimiento de las víctimas será por colectivos
y "habrá un reconocimiento de la calidad de
víctimas colectivas al Movimiento Gaitanista, a la Unión Nacional de
Oposición, al Frente Democrático, al Partido Comunista Colombiano, a la Unión Patriótica,
al Movimiento A Luchar y al Frente
Popular, entre otras organizaciones políticas. La Unión Patriótica, por haber sido
objeto de un genocidio político, será objeto de un reconocimiento
especial." A su vez se considerarán víctimas campesinas,
indígenas y sindicales.
Las FARC EP no nos reconocemos como “agente
victimizante”, sino como perseguidos, y en tal condición hemos ejercido nuestro
derecho a la rebelión.
Las FARC
propusieron la conformación de una comisión de la verdad, que se encargue de lo anterior, comisión también prevista en la Ley del Marco
Jurídico de la Paz.
6. Mecanismos de
refrendación de los acuerdos
Las FARC
han insistido que el método de refrendación de los acuerdos sea una Asamblea Nacional Constituyente que tenga 141 integrantes, tanto elegidos
como surgidos de cuotas de participación asignadas, "la Asamblea
estará compuesta por representantes de las fuerzas guerrilleras (...) en número
que será definido como parte de un eventual Acuerdo final".
Por su
parte, el gobierno insiste en un plebiscito que avale los acuerdos, el cual fue aprobado
por el Congreso
de la República en 2015 mediante
proyecto de ley, y que pasará a revisión por parte de la Corte Constitucional. En caso de quedar avalado por la Corte, la
probable fecha para realizar el referendo sería entre junio y julio de 2016.
Costo Económico del Proceso de Paz
Hasta
noviembre de 2013 los diálogos en La Habana han tenido un costo de
$14.592.591.719 de pesos.
El
gobierno nacional de Colombia suscribió un crédito externo de tipo programático
con el KFW - Banco de Desarrollo Alemán, con el que el país dispondrá de hasta
100 millones de dólares para financiar temas relacionados con la paz por 10
años. A su vez el embajador de España en Bogotá, Ramón Gandarias, dijo que la
Unión Europea estudia crear un fondo fiduciario para ayudar a Colombia a
financiar el posconflicto. “Incluso, hay dos países europeos no miembros de la
UE que ya han manifestado su disposición a participar, Suiza y Noruega”, dijo
el embajador.
Reacciones
Recién el
presidente Juan
Manuel Santos confirmó
la existencia de una mesa de diálogo, se produjeron diversas reacciones, a
nivel individual y grupal, al interior de Colombia y en el exterior.
En Colombia
El sector
del Uribismo y algunos en el Partido Conservador —como el procurador general Alejandro Ordóñez— se mostraron en contra de
las discusiones, argumentando que no es factible un proceso de paz con las FARC
sin el cese al fuego. Añadieron
que mediante el marco
jurídico para la paz, una ley propulsada por el gobierno y aprobado por el
Congreso, los integrantes de la subversión acusados de delitos de lesa
humanidad serían eximidos de tal responsabilidad y podrían participar en
política y ser representantes en el congreso sin haber cumplido pena alguna.
Algunos
sectores de izquierda, como el Polo
Democrático Alternativo y Marcha Patriótica, se refirieron a la actitud
de Uribe, expresando que no tenía autoridad moral para criticar el intento de
Santos, pues durante su gobierno también se pretendió dialogar tanto con las
FARC como con el ELN, bajo condiciones semejantes a la fallida Zona de distensión en el Caguan.
Por su
parte, el liberalismo, el Partido
Verde, el Movimiento Progresistas, campesinos, estudiantes, indígenas, empresarios y líderes religiosos manifestaron su apoyo a los diálogos de paz,
aduciendo que la única salida al conflicto armado son las concertaciones
bilaterales.
Los ex
presidentes Belisario
Betancur y César Gaviria, de igual forma, apoyan el
proceso.
Terminada la lectura
Comenta
ante tus compañeros en que estás de acuerdo con el proceso de paz y en que no.
Qué
puntos, según tu criterio, faltaron por discutir en las mesas de negociación.
Como el
pueblo puede participar en el proceso de paz en Colombia.
